Argumentación Jurídica, Representantes del SME

El decreto de extinción de LyFC, argumentan los abogados, se extralimita en las facultades del Poder Ejecutivo, violenta el texto constitucional y la ley federal del trabajo; en ese sentido, la responsabilidad de la Comisión encargada de evaluar la Controversia Constitucional y de los jueces que habrán de pronunciarse en lo laboral y en materia de derecho Constitucional son piezas claves para reequilibrar los poderes; sin embargo, habrá que estar atentos si prevalece el Estado de derecho y si los intereses políticos-electorales (dada la composición de la Cámara de Diputados) no intervienen en la resolución de estas instancias.
Los ciudadanos debemos estar atentos a la resolución que se emita debido a que se encuentra en juego nuestras aspiraciones a una sociedad democrática; por ello lo deseable es que se creen las condiciones de un debate abierto y plural donde se precisen no sólo las razones que están detrás de la decisión del Ejecutivo (es sospechoso que estas se consideren en resguardo por cuestiones de seguridad nacional por más de 10 años); sino también, los criterios con los que se administra la empresa pública y con los que se orienta la política energética.

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