CARI: ¿un escuadrón especializado?

Edgar Belmont

Recientemente la Sria. de Gobernación anunció la creación del Centro De Atención y Reacción Inmediata para asegura el “adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas” y para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la zona centro del país. Esto frente a los presuntos “actos de sabotaje” atribuidos a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas quienes, ejerciendo su derecho a disentir, se opone al cierre de su fuente de trabajo y esperan que la Suprema Corte de Justica de la Nación emita su juicio apegado al derecho.

La creación del Centro De Atención y Reacción Inmediata parece enmarcarse, sin embargo, más en una estrategia mediática para encubrir la irresponsabilidad de la Secretaría de Energía porque hasta ahora no se ha dado a conocer el programa o el proyecto de reestructuración del servicio eléctrico en la zona centro: quizás porque están estudiando la propuesta de reestructuración presentada por el SME, porque esperan la resolución de la SCJN sobre la figura de patrón sustituto, porque se busca “justificar” la participación privada en las actividades de transmisión y de distribución o quizás, simplemente, porque se hacen bolas; lo cierto es que la situación es apremiante y que se requiere atender los rezagos que existen en la operación del sistema central, mismos que se ha agudizado por el hecho de que las múltiples empresas contratistas, al estar de paso, actúan en una situación de emergencia permanente y no hacen un trabajo de mantenimiento preventivo.

Ahora bien, al cerrar Luz y Fuerza del Centro se dijo, con insistencia, que la calidad de servicio mejoraría y que éste se prestaría con “normalidad”, que la CFE “haría su mejor esfuerzo”. Todo, hasta ahora, queda en promesas. Esto parece ser evidente a los ojos de los ciudadanos o de los clientes que vivimos en la zona centro del país y que hemos “confrontado” al personal que esta detrás del 071 ante la incapacidad para dar una respuesta fiable sobre la reparación de fallas o porque al estar en “otro lado” parece ser ajeno a nuestra necesidad inmediata.

Aunque la información necesaria para hacer un juicio objetivo sobre estas controversias no estará disponible por mucho tiempo (“por razones de seguridad nacional”, alude el Poder Ejecutivo); lo cierto es que, a partir de testimonios recabados por la prensa escrita o por la experiencia propia; el tiempo de interrupción de usuario se ha incrementado al igual que los tiempos de espera para la atención de quejas.

En este sentido, las controversias del decreto de extinción se expresan no sólo en el terreno político y jurídico, sino también en el terreno técnico y operativo. Antes como ahora se requiere atender los rezagos que existe en el sector eléctrico de la zona centro del país; al respecto la Secretaria de Gobernación no es la instancia mejor posicionada para ofrecer una respuesta a los problemas de carácter técnico y operativo. El Centro De Atención y Reacción Inmediata ofrece más interrogantes que respuestas. Sí el objetivo es garantizar la continuidad del servicio y perseguir presuntos actos de sabotaje, nos preguntamos entonces sí el CDARI pondrá a disposición de los usuarios un teléfono de atención al cliente o sí se busca, con ello, oficializar las cuadrillas de intervención técnico-operativo-policiacas que recorren la ciudad. Pregunta que nos hacemos varios vecinos de la Colonia Obrera frente a los constantes apagones y las variaciones de voltajes que existen en la zona.