El retorno a una “nueva normalidad” en la maquila: el encarcelamiento de la abogada laborista Susana Prieto.
Edgar Belmont Cortés[1]
En enero de 2019 más de 40 empresas maquiladoras de la ciudad Matamoros (Tamaulipas) fueron cerradas por las trabajadoras y los trabajadores que emprendieron un movimiento de huelga para reclamar la aplicación de los ajustes salariales en sus prestaciones contractuales (recordemos que el Poder Ejecutivo decretó un aumento al salario mínimo en la zona frontera) y una mejora en sus condiciones laborales. La movilización se apoyó en el sentimiento de explotación y en el reclamo de una mejor retribución; poniendo en tensión los arreglos políticos-productivos que sostienen el modelo maquilo-exportador y cuestionando la “pasividad” de las dirigencias sindicales que optan por la simulación de la negociación colectiva. El hartazgo de la clase trabajadora encontró respaldo político-jurídico en el acompañamiento de la abogada laboral Susana Prieto, quien cobro notoriedad en la movilización al ser identificada como portavoz del movimiento.
La “desestabilización” de estos arreglos fue interpretado como una amenaza para el capital y como un riesgo para preservar la paz laboral. La hegemonía de la industria maquiladora y/o el “ambiente propicio para los negocios” fue cuestionado por los trabajadores que emprendieron la revuelta. El movimiento 20/32 (20% de aumento salaria, 32 mil pesos de bono de productividad) adquirió una connotación distinta al identificarse como acciones coordinadas en el territorio maquilador. La preocupación del sector empresarial es que la revuelta generada en Matamoros se expandiera o “contaminara” el ambiente en otras regiones maquiladoras.
En efecto, el movimiento de huelgas coordinadas constituye un evento histórico, una disputa que cuestiona las lógicas territoriales que se construyen bajo los imperativos del mercado y la producción a bajo costo. El reciente encarcelamiento de la abogada laboral y militante sindical, bajo el cargo de motín y de amenazas a servidores públicos (sin contar con más elementos sobre su proceso) puede leerse -en el terreno político- como una revancha de los poderes locales que se apoya -mediáticamente- en la urgencia de reactivar las actividades económicas; esto considerando que el confinamiento es insostenible para un amplio sector de la población que mantiene un vinculo instrumental con el trabajo o que no cuenta con los recursos o los soportes para “parar” su actividad o suspender (voluntariamente) su contrato.
El contexto en el que se desarrolla el movimiento converge con el proceso de renegociación del acuerdo comercial (TLC) y con la política laboral que planteó, en principio, la democratización de las organizaciones sindicales y el derecho a una autentica negociación colectiva. Detrás de ello, la negociación consensual o conflictiva -entre los actores productivos- constituiría, desde esta perspectiva, el mecanismo propicio para cambiar las reglas del juego y elevar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
En este proceso, el sector empresarial y las “dirigencias” sindicales -que optan por una colaboración “consensual”, mostraron su oposición a un “nuevo” contexto de negociación; en efecto, gobernadores de la oposición han articulado intereses en la defensa de la competitividad económica y del interés de la creación de condiciones favorables para la inversión.
La sujeción del territorio a la lógica económica ha significado, por otra parte, la instrumentalización de una política que despolitiza o que busca neutralizar el conflicto, en tanto que la crítica social o el uso de la palabra para expresar la oposición a la lógica hegemónica es sancionada. La violencia salarial se expresa en la consigna, muchas veces integrada, de guardar silencio o de callarse para evitar ser sancionado: ¡si no le gusta, puede irse! o, en el peor escenario, ser despedidos. Esta parte es importante porque algunas de las pancartas de trabajadores escriben o subrayan la ruptura del silencio y la defensa de la dignidad obrera.
La movilización forma parte ya de un repertorio colectivo y de la experiencia social de los trabajadores que participaron en sus diferentes grados de compromiso. Insistimos en la dimensión territorial porque la acción obrera claramente cuestiono los arreglos que se institucionalizaron en la ciudad maquiladora.
Ahora bien, la propagación de SARS-CoV-2 habría de recomponer el escenario. El cierre de las actividades productivas no esenciales exacerbo la disputa política e ideológica entre las organizaciones del sector empresarial y el Gobierno Federal, pero también se pondría en evidencia los costos de vivir al día.
El imperativo de preservar la salud de los trabajadores prevaleció en el llamado al confinamiento y el cierre de actividades productivas no esenciales; sin embargo, la continuidad de actividades en empresas maquiladoras -en plena contingencia- expresa no sólo la tensión con los imperativos económicos; sino la disyunción en la que se encuentra un amplio sector de la población: ¡sino salgo (a trabajar), no como! La paradoja se acentúa con la fragilidad de los colectivos. En este escenario, la crítica al modelo maquilador ahora se expresa en cuerpos que son vulnerables con el dominio del imperativo económico sobre el sanitario.
Ello es visible al entrecruzar los mapas que se muestra abajo, donde
aparece, en el primero, los municipios marcados en rojo para alértar sobre el alto
índice de propagación del coronavirus y, segundo, zonas en las que se instituyó
el modelo maquilador-exportador, particularmente, la industria automotriz. La
apertura de las actividades productivas en el sector de la maquila es una decisión política que evalúa los
“costos” y la (in)capacidad para mantener en suspensión la actividad económica.
El escenario que se maneja alrededor de la crisis económica constituye un
punto de apoyo para sostener el llamado urgente a la reactivación de la actividad
económica. Dicha apertura se plantea bajo la misma lógica productivista y en
concordancia con las reglas del libre mercado. El imperativo de reactivar las
cadenas de suministro en la industria (global, empresa red) y crear un
“ambiente” favorable para la inversión implica hacer frente a las resistencias
a la lógica del capital.
La confrontación entre el Poder Ejecutivo y poderes locales se hace visible. El encarcelamiento de Susana Prieto, como acto de disciplina, es una revancha de quienes se muestran como los defensores de la racionalidad económica de corto plazo, de los arreglos políticos y productivos fincados en la competitividad o la producción a bajo costo, con mercados de trabajos flexibles. La crisis sanitaria, para concluir, aparentemente abre una oportunidad para redefinir la economía con otros referentes y con otros horizontes, para ello se requiere del trabajo político y el poner a discusión nuestras contradicciones, de allí que es imprescindible el derecho a disentir y el uso de las libertades políticas como una herramienta en la construcción alternativas sostenibles.
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